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ACDESA es una asociación ciudadana cuyo objetivo es la defensa de la sanidad pública y cuyo ámbito de actuación se circunscribe a la Comunidad Valenciana.
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Ante la noticia de la recuperación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles retirada en la anterior legislatura por el Gobierno Valenciano del PP , la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ACDESA-PV) valora de manera positiva la medida y manifiesta que:

1. La recuperación de la asistencia de los excluidos del sistema tras la aplicación de políticas regresivas derivadas del RD 16/2012 supone una vuelta al camino de la recuperación de derechos sanitarios. El principio en la universalidad en la asistencia es un pilar de nuestro sistema sanitario que no se tenía que haber perdido, ni por leyes regresivas como el RD 16/2015, ni por la aplicación de las mismas por los gobiernos del PP.
2. Existen iniciativas, en las que ACDESA-PV forma parte, como el “Observatorio de Derecho Universal de la Salud de la Comunidad Valenciana(ODUSALUD)” que con su trabajo durante los años de la aplicación del RD 16/2012, han colaborado en la recuperación la asistencia universal a miles de personas excluidas. Estas iniciativas han sido importantes para mantener vivo el debate y la reflexión sobre la universalidad de la asistencia sanitaria.
3. Desde ACDESA-PV queremos también agradecer y felicitar la labor de todas las personas y colectivos que han luchado, luchan y lucharan para que el Derecho a la Protección de la Salud se concrete, por ello aplaudimos la medida de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Publica.

Valencia a 17 de julio de 2015

El pasado mes de abril, ACDESA-PV organizó una mesa de debate con las fuerzas políticas que concurrían a las Elecciones Autonómicas, con el título “POLÍTICAS DE SALUD PARA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES” en la que se evidenció una notable sintonía en propuestas sanitarias para el cambio. Esta circunstancia nos permitió albergar la esperanza que tras el resultado electoral, se podría abrir un tiempo para el despliegue de nuevas políticas, con nuevos políticos responsables, honestos, cercanos, con fuerte sensibilidad social y con una mayor y mejor participación ciudadana en su diseño y empuje.
 
El cambio se ha materializado y la posibilidad de gobernar para los nuevos tiempos, es ya una realidad tangible. Sin embargo el cambio no ha venido de la mano de una única fuerza política y por eso ahora más que nunca se precisa de una estrategia de unidad para conseguirlo. Además en este proceso de cambio, la sociedad civil a través de los colectivos y organizaciones sociales, ha sido protagonista principal, por lo que se encuentra en disposición de exigir generosidad a los partidos que pueden formar el futuro gobierno para que pongan en primer plano los intereses de la ciudadanía por encima de los propios y participar activamente en la definición de las líneas principales del futuro gobierno. Solo así el discurso de cambio que hemos escuchado en la campaña, será real y no mera retórica electoral.
 
La ciudadanía no quiere meros repartos de consellerias, gestionadas como si fueran reinos de taifas exclusivos del partido que las detente. La ciudadanía aspira a un proyecto de gobierno conjunto, de progreso, responsable y comprometido entre todos los partidos que han propiciado el cambio a las políticas conservadoras. Esta premisa cobra especial relevancia en Sanidad, por ser el servicio más valorado por los ciudadanos y casi el 50 % del presupuesto de la Generalitat.
 
Desde ACDESA-PV consideramos que la salud y el sistema sanitario valenciano están por encima de fines partidistas, y requieren un proyecto común. Por eso hemos promovido junto a AVUSAN un manifiesto, por la defensa y mejora de la salud y del sistema sanitario valenciano, que ya han firmado distintas organizaciones ciudadanas y sindicales (http://www.acdesa.com/acdesa/wp-content/uploads/2015/05/manifiestoc.pdf) y que proponemos como pacto político y social, en sanidad, al futuro gobierno para construir entre todos la sanidad que queremos y nos merecemos.
 
Los ejes resumidos de esta hoja de ruta son:
 
1.- Un sistema sanitario valenciano universal, de calidad, equitativo y democrático al servicio de las necesidades de la población. Eliminación del copago injusto para pensionistas, discapacitados y personas sin ingresos y arbitrar los mecanismos necesarios para devolver el derecho de asistencia a los colectivos que la han perdido por el Real Decreto-Ley 16/2012.
 
2.- Garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Exigiendo una financiación adecuada para el Pais Valenciano. Presupuestos sanitarios suficientes, reales y no deficitarios y arbitrar medidas de eficiencia y racionalidad, en la sanidad valenciana como el control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico; la disminución de la variabilidad asistencial y el desarrollo de las tecnología (TIC’s) para favorecer la integración de la información entre los profesionales y con los pacientes.
 
3.- Desmercantilizar la Sanidad Pública. Auditoria y control para el cumplimiento efectivo de los contratos en vigor del modelo Alzira y reversión de las concesiones administrativas al acabar el periodo contractual. Auditoria y reversión de los contratos de resonancia magnética y demás líneas asistenciales que se han privatizado. Delimitación de las relaciones público privado, y regulación de las puertas giratorias
 
4.- Garantizar a todos los niveles los mecanismos democráticos de gestión: transparencia, rendición de cuentas, asunción de responsabilidades y participación ciudadana. Evaluación de políticas de salud y de la introducción de nuevas tecnologías y nuevos tratamientos. Profesionalización de la gestión sanitaria en base a la capacidad y el mérito (no a la afinidad política).
 
5.- Potenciar la Atención Primaria (AP), aumentando su dotación económica, su autonomía de gestión, su capacidad de resolución y el tiempo de atención al paciente en la consulta. Implementar las funciones de promoción de salud y prevención de la enfermedad y la coordinación con las unidades de apoyo, en especial las de salud mental, rehabilitación, conductas adictivas y con la atención hospitalaria.
 
6.- Hacer de los hospitales centros de eficiencia sanitaria, mediante la reorganización de la estructura, reorientándola al paciente y sus necesidades y a los procesos, lo que requiere
una reordenación de los recursos, una concentración y uso adecuado de la tecnología y una mayor coordinación y apoyo a la actividad en AP. Utilización de las instalaciones a su rendimiento óptimo.
 
7.- Poner en marcha un modelo de atención a la cronicidad y sociosanitaria, mediante la planificación conjunta y la integración de recursos y procedimientos. Paso a Sanidad de los tratamientos ahora dispersos (sobre todo en Bienestar Social) respecto a Salud Mental, Discapacidades y Dependencias, en la línea marcada por la Organización Mundial de la Salud.
 
8.- Disminuir las desigualdades en salud, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc.) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.
 
9.- Desarrollar una política de personal que oriente la actividad asistencial por objetivos, evalue resultados en salud y que exija para los responsables de los distintos servicios la dedicación exclusiva. Las demoras para especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas deben reducirse drásticamente, adecuando la indicación y la priorización.
 
10.- Desplegar políticas intersectoriales de salud, siguiendo la recomendación de la SESPAS “salud en todas las políticas”. Para ello proponemos utilizar el Plan de Salud intersectorial como herramienta de análisis de la información, enunciación y priorización de políticas y evaluación de resultados, mediante la mejora y la integración de los sistemas de información de salud pública y asistencia sanitaria.
 
Valencia 11 de junio de 2015
 
ACDESA-PV
 

Ante la noticia en los medios de difusión de que  El grupo Ribera Salud (formado a partes iguales por la compañía estadounidense Centene Corporation y el Banco de Sabadell) se ha hecho con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira al comprar las participaciones que tenían las aseguradoras Asisa y Adeslas en estas concesiones, según ha informado el propio grupo este viernes.

Desde ACDESA  queremos manifestar que:


1 – Desde la Conselleria de Sanitat y el actual gobierno en funciones no debe adoptarse ninguna medida que pueda hipotecar la acción del futuro gobierno electo.


2 – La multinacional Centene Corporation ya hace tiempo que opera por estas latitudes, desembarco en nuestra comunidad en el 2014 y cuenta en su junta directiva con ex-políticos que nos recuerdan cada día lo que son las puertas giratorias entre el sector público y privado. Las maniobras comerciales de Centene reflejan una estrategia de posicionamiento en el sector sanitario publico español. Las multinacionales americanas toman posiciones en sectores estratégicos en espera del desarrollo del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio ( TTIP en inglés) entre EEUU y la UE. El TTIP permite que Tribunales de Arbitraje supranacionales defiendan los intereses de las multinacionales saltando a los tribunales nacionales donde se protege el derecho y el interés sanitario.


3 – Recientes noticias indican que ya se están firmando los acuerdos preliminares del TTIP. La autorización de la operación comercial por parte de un Gobierno Valenciano en funciones supone la complicidad con los intereses mercantiles americanos y es contraria a los intereses de la sanidad pública.


Por todo ello exigimos una explicación transparente e inmediata de la Conselleria de Sanitat  sobre si ha autorizado esta compra de acciones, y en su caso en qué condiciones y porque motivos. Igualmente los miembros del nuevo gobierno deberán estudiar la legitimidad de la decisión adoptada al respecto.

 

Valencia a 1 de junio de 2015

 

Las Organizaciones abajo firmantes hacemos un llamamiento a la sociedad valenciana para defender el derecho a la salud de toda la ciudadanía y el compromiso con la defensa y mejora de su sistema sanitario público, ante las elecciones autonómicas y para que lo cumplan los gobernantes que elijamos.

En la Comunidad Valenciana hemos asistido en estos últimos 4 años a un aumento de recortes en sanidad, que culminan con el Decreto-Ley 16/2012 para acabar con el Sistema Nacional de Salud (SNS) definido en la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986. El desastroso impacto en la CV del RD ha eliminado prestaciones, aumentando las desigualdades y excluyendo directa o indirectamente a grandes colectivos de ciudadanos, con especial impacto en pensionistas, ancianos, discapacitados, inmigrantes, jóvenes y enfermos crónicos. En particular el aumento del copago ha traído como consecuencia que haya ciudadanos que deben abandonar tratamientos efectivos, al tener que elegir entre la compra de medicinas o el pago de bienes básicos como la comida, la electricidad, la calefacción o la vivienda.

En la atención a la Salud Mental las consecuencias también han sido desastrosas: revisiones de discapacidad y dependencia a la baja; denegación de incapacidad laboral; reducción de unos exiguos recursos de tratamiento y recuperación mental que estaban congelados desde 2001; ‘copago’ inasequible en unos dispositivos residenciales abrumadoramente privados y dependientes de la Conselleria de Bienestar Social; y el impacto indirecto que los recortes en Servicios Sociales también han supuesto para estos pacientes y sus familias.

A esta situación tan adversa hay que añadir que el gasto sanitario per cápita en la Comunidad Valenciana es de los más bajos del estado español (100€ menos que en la media del resto de comunidades) con una reducción del 9% del presupuesto sanitario.

Desde el punto de vista de la gestión, en Valencia se ha optado por la privatización de la gestión sanitaria, con la ampliación del modelo Alzira o de servicios esenciales como la resonancia magnética. El 20 % de los valencianos están atendidos por este modelo asistencial que no ha demostrado una mayor eficiencia que el modelo público. Incluso informes como el del defensor del pueblo valenciano sobre las resonancias expresan claramente que éstas son más caras en el modelo privatizado que en el modelo público y los pocos trabajos rigurosos de evaluación económica que se han hecho, demuestran la similitud en el gasto con los modelos de gestión pública.

Por tanto queremos manifestar que en las próximas elecciones nuestro compromiso es con la Sanidad Pública, como derecho y lo que ella representa para todos los ciudadanos del País Valenciano, por tanto seremos beligerantes con aquellas propuestas que supongan recorte de derechos o de prestaciones. Consideramos que el próximo gobierno ha de poner en el centro de su acción política a las personas, sus necesidades y su bienestar. Proponemos evaluar y en su caso revertir el modelo Alzira, que no ha demostrado una mayor eficiencia y sin embargo ha generado selección de pacientes e impuesto su planificación particular a la Conselleria. Exigimos una gestión eficiente, profesionalizada, despolitizada y transparente con participación de los profesionales y supervisión de la ciudadanía. Consideramos imprescindible dotar a la sanidad de una financiación suficiente y abogamos por un gobierno que ponga la salud en la agenda política y que despliegue iniciativas en todos los ámbitos para disminuir las desigualdades sociales y contribuya al fomento de la equidad y la justicia social.

A continuación proponemos los puntos que consideramos necesarios en las políticas sanitarias e invitamos a todos los ciudadanos a apoyar el manifiesto y constituir una alianza cívica por la defensa de la salud de las valencianas y los valencianos y de nuestro sistema sanitario público.

1.- Conseguir un Sistema Nacional de Salud (SNS) universal, de calidad, equitativo y democrático al servicio de la población y que atienda las causas biológicas, psicológicas y sociales de la salud y la enfermedad.

Como medida inmediata se propone la eliminación del copago injusto para pensionistas, discapacitados y personas sin ingresos y arbitrar los mecanismos necesarios para soslayar el Real Decreto-Ley 16/2012, como han hecho otras comunidades autónomas mientras se exige la abolición de esta norma y el cambio de la consideración constitucional del derecho a la salud para convertirlo en derecho fundamental.

2.- Garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Exigir y negociar una financiación adecuada para la Comunidad Valenciana, que permita la convergencia en gasto sanitario con la media de las Comunidades Autónomas. Los presupuestos de la Generalitat deben ser suficientes, reales y no deficitarios para conseguir la recuperación de los niveles de calidad en la asistencia. Arbitrar medidas de eficiencia y racionalidad: control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico; disminución de la variabilidad asistencial, basándose en la evidencia científica; la no financiación de las terapias no resolutivas;   Desarrollo en las Tecnologías de la Información (TIC’s) para favorecer la integración de la información entre los profesionales y con los pacientes.

3.- Desmercantilizar la Sanidad Pública. Evaluar comparativamente, mediante auditorías independientes, la eficiencia, sostenibilidad y calidad de atención del modelo Alzira, en igualdad de condiciones con el resto de departamentos de gestión pública, mientras se exige la abolición de la ley 15/97 de Nuevas formas de gestión. Control para el cumplimiento efectivo de los contratos en vigor y reversión de las concesiones administrativas al acabar el periodo contractual. Reversión de los contratos de resonancia magnética y de todas las líneas de trabajo que se han privatizado y que han resultado a la larga menos eficientes y más lesivas para la sanidad pública, utilizando los mecanismos necesarios para evitar un coste adicional por la reversión. Delimitación de las relaciones público privado, garantizando en cualquier caso la confidencialidad de la información de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o semiprivadas.

4.- Generalizar los modos democráticos de gestión: transparencia, rendición de cuentas, asunción de responsabilidades, participación. Evaluación de políticas de salud y de la introducción de nuevas tecnologías y nuevos tratamientos. Profesionalización de la gestión sanitaria en base a la capacidad y el mérito (no a la afinidad política). Transparencia y control entre los profesionales y la industria farmacéutica. La gestión transparente debe conllevar mecanismos efectivos y reales de participación y control de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y la gestión de los servicios sanitarios en todos los niveles, así como en las modificaciones del mapa sanitario. La progresiva constitución de Consejos de Salud en cada Centro de Salud, en los que participarán representantes de los profesionales y usuarios para decidir sobre los aspectos sanitarios que les afecten, permitirá democratizar los desprestigiados Consejos de Departamento y de Comunidad actuales, haciéndolos pasar de presuntos órganos de consulta y asesoramiento a órganos de planificación y control de la gestión.

5.- Potenciar la Atención Primaria (AP), aumentando su dotación económica, su autonomía de gestión, su capacidad de resolución y el tiempo de atención al paciente en la consulta. Implementar las funciones de promoción de salud y prevención de la enfermedad. Desarrollar cometidos profesionales de mayor responsabilidad para los colectivos profesionales de enfermería y trabajo social. Potenciar la autonomía de los pacientes y su participación en las decisiones clínicas. Potenciar la autonomía de los pacientes y su participación en las decisiones clínicas. Coordinar mejor la A.P. con sus unidades de apoyo, en especial las de salud mental, rehabilitación, conductas adictivas, etc.

6.- Hacer de los hospitales centros de eficiencia sanitaria, mediante la reorganización de la estructura, reorientándola al paciente y sus necesidades y a los procesos, lo que requiere un reordenación de los recursos, una concentración y uso adecuado de la tecnología y una mayor coordinación y apoyo a la actividad en A.P. mediante acuerdos profesionales para el despliegue de consultas de apoyo, circuitos asistenciales específicos para determinados colectivos clínicos, visitas virtuales… Utilización de las instalaciones a su rendimiento óptimo, implantando los tres turnos a todo el personal y adecuando las plantillas con esta finalidad.

7.- Diseñar y poner en marcha un modelo de atención a la cronicidad y sociosanitaria que reorganice los servicios, aumente la calidad y reduzca costes, partiendo de los recursos de que disponemos tanto del ámbito sanitario como social. Para ello hay que considerar el departamento de salud como la unidad territorial donde planificar la asistencia sociosanitaria, integrando recursos y procedimientos. Paso a Sanidad de los tratamientos ahora dispersos (sobre todo en Bienestar Social) respecto a Salud Mental, Discapacidades y Dependencias, en la línea marcada por la Organización Mundial de la Salud.

8.- Disminuir las desigualdades entre departamentos de salud. Hay que realizar una evaluación de las desigualdades en salud, tanto en el conjunto de la Comunidad Valenciana como dentro de los departamentos de salud, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc.) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción

9.- Desarrollar una política de personal que oriente la actividad asistencial por objetivos, que exija para los responsables de los distintos servicios la dedicación exclusiva y que la apoye para el resto de profesionales, con medición de resultados en salud e incentivación por consecución de objetivos. Para ello debe haber un sistema de definición y evaluación de metas basado en las necesidades de la población y de los pacientes, consensuado con los profesionales, ecuánime y transparente. Las demoras para especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas deben reducirse drásticamente.

10.- Desplegar políticas intersectoriales de salud, siguiendo la recomendación de la SESPAS “salud en todas las políticas” lo que supone alianzas estratégicas con ayuntamientos para el desarrollo de programas de ejercicio y promoción de la salud, contaminación atmosférica, accesibilidad urbana y con empresas para el desarrollo de alimentación y consumo saludable. Para ello proponemos utilizar el Plan de Salud intersectorial como herramienta de análisis de la información, enunciación y priorización de políticas y evaluación de resultados, mediante la mejora y la integración de los sistemas de información de salud pública y asistencia sanitaria

Mayo 2015

 

ORGANIZACIONES ADHERIDAS AL MANIFIESTO:

ACDESA-PV (Asociación Ciudadana por la Defensa y Promoción de la Salud del País Valenciano)

AVUSAN (Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad)

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA COMUNIDAD VALENCIANA

INTERSINDICAL VALENCIANA

CAVECOVA

COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE VALENCIA

ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO

FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA DE VALENCIA

AENPV (Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesionales de Salud Mental País Valenciano)

AMADEM (ONG por la Salud Mental de la Marina Alta)

 

Para adhesiones enviar un correo a: secretaria@acdesa.com

 

 

ManifiestoManifest

Os invitamos a la presentación del libro LA SANIDAD NO SE VENDE que hará Marciano Sánchez Bayle el próximo martes 19 de mayo.

Es tiempo de lucha y de propuestas. Para muestra un capítulo del libro: “la hora de actuar: ¿por dónde empezamos”.
Os esperamos
ACDESA-PV
Presentación Libro La Sanidad no se Vende

Estimados amigos

En algunas semanas van a celebrarse elecciones autonómicas y uno de los temas que más interés suscita entre la ciudadanía es la Salud, tanto en lo que tiene que ver con el despliegue de políticas públicas, como en el derecho que supone la asistencia sanitaria.
Como ya hemos hecho en otras ocasiones, desde ACDESA-PV queremos promover un debate para los ciudadanos, entre las distintas opciones políticas que se presentan a las elecciones y tienen posibilidad de formar parte del próximo parlamento valenciano. En esta cita electoral el interés se redobla, al presentarse según las encuestas, un panorama electoral mucho más plural y fragmentado que en legislaturas anteriores.
En ACDESA-PV pensamos que sobre el sistema sanitario valenciano penden muchas incertidumbres sobre su sostenibilidad, eficiencia, calidad, universalidad, gratuidad en el momento del uso, etc… y que es buen momento para debatir sobre las distintas propuestas de los partidos con posibilidad de gobernar en los próximos cuatro años.
Por ello estamos organizando una mesa redonda a celebrar el próximo 22 de abril a las 18 horas en el colegio mayor Rector Peset para debatir alternativas sobre financiación, gestión y gobernanza, relación público privado, medidas de eficiencia, cobertura sanitaria y equidad.
Un saludo
ACDESA
 ManifestManifest

La inauguración del hospital de Lliria, a dos meses de la cita electoral y con una precariedad absoluta, lo que define el perfil de nuestras autoridades sanitarias, que lo único que buscan es la foto para ver si remontan en las encuestas electorales, nos deja una imagen  anacrónica, la del arzobispo de Valencia, monseñor Cañizares, hisopo en mano, repartiendo bendiciones a diestro y siniestro. Tal parece un fotograma extraído del nodo, en el que los personajes:  el ministro Alonso, el presidente (gobernador) Fabra,  el  conseller  (jefe provincial de sanidad) Llombart son intercambiables con los protagonistas de las fotos de los años 60.

Esperemos que en las próximas elecciones  demos por terminada esta negra etapa de compadreo iglesia oficial Generalitat,  que tantos réditos le ha dado a la Universidad Católica

ACDESA quiere denunciar la actitud espuria del PP que pretende utilizar el debate parlamentario para el engaño y la propaganda al introducir una propuesta que pretende justificar su desastrosa gestión sanitaria, criticando las posiciones políticas de la oposición sobre la necesaria evaluación y el cuestionamiento del modelo Alzira, utilizando el miedo, para crear inseguridad entre los trabajadores de las concesiones administrativas, encubriéndolo todo con un debate sobre la concertación con la iniciativa privada ya recogida en la Ley General de Sanidad que consideraba la provisión de la atención pública con recursos privados como complementaria y no sustitutoria allí donde el recurso público sea insuficiente para atender todas las necesidades y siempre respondiendo al interés general.

ACDESA-PV denuncia que quien  ha fallado estrepitosamente en las relaciones publico-privado que él mismo defendía, ha sido  el Partido Popular, sus contratos han vulnerado la libre competencia (contratos con empresas creadas a medida, multiplicando el clientelismo y el amiguismo), contraviniendo de forma sistemática la normativa legal reguladora de los contratos públicos (denuncias reiteradas de la propia Sindicatura de Cuentas –rescisión del contrato con Ribera Salud pagando lucro cesante, etc.–),  realizando modificaciones de contrato irregulares y a medida de los intereses de las empresas concesionarias (Manises  amplía población de referencia, Dénia no asume el Hospital de Crónicos y finalmente priva a los pacientes que podrían beneficiarse de su atención por intereses económicos de la empresa). El análisis de las cláusulas de los contratos por concesión administrativa desveló que respondían en gran medida a  los intereses de las concesionarias. Además de hacer dejación de responsabilidades en la vigilancia del cumplimiento de los contratos que no siempre han respondido a criterios de interés general en términos de eficiencia, equidad  y calidad como, entre otros, en el caso de las Resonancias Magnéticas desvelado por un informe específico de la Sindicaturas de Cuentas.

Esta proposición no de ley no hace más que reforzar lo que en su día denunciamos, la apuesta política mas relevante en sanidad del Partido Popular valenciano, se sustentó en intereses cortoplacistas (inaugurar nuevos hospitales sin criterios rigurosos de planificación) al tiempo que  respondía a los intereses de las aseguradoras que habían tocado techo en su negocio. Y  de forma agónica hoy vuelven a defender sus políticas sin evaluaciones rigurosas que las sustenten.

Que   el Partido Popular defienda con su iniciativa parlamentaria solo al 20% del Sistema Público de Atención – el que no gestiona directamente – , es cuanto menos sospechoso e indicativo de su incapacidad de gobierno.

ACDESA-PV denuncia que el Partido Popular demagógicamente se preocupa del futuro de los  profesionales cuando en gran medida los ha abandonado a su suerte (han sufrido condiciones de trabajo   abusivas, agravadas por el recorte de derechos que ha supuesto la última reforma laboral impulsada por el gobierno). Que  manifieste preocupación por la estabilidad laboral de los profesionales de las concesiones  olvidando los porcentajes de inestabilidad y precariedad inaceptables entre los trabajadores del Sistema Sanitario Público valenciano  de las que son directos responsables, es cuando menos cínico.

ACDESA-PV considera que si a medio plazo se produce una reversión de las actuales Concesiones Administrativas al Sistema Público, las garantías de permanencia en sus puestos de trabajo a los profesionales deberán ser las mismas que para los trabajadores  del Sistema de Gestión Pública Directa (garantizando los principios de igualdad, mérito y  capacidad), mejorando de forma objetiva los procesos de selección de personal y respetando de forma proporcional los derechos adquiridos.

ACDESA-PV denuncia que es inaceptable y engañoso el mensaje que el Partido Popular transmite a cientos de trabajadores y sus familias de que un cambio de gobierno puede introducir arbitrariedad e inseguridad en el trato a los profesionales  de los hospitales de gestión por concesión, porque saben que no es cierto, como tampoco lo habrá para los trabajadores públicos.

Valencia, 18 de febrero de 2015

ACDESA-PV se manifiesta conforme a la modificación del calendario de vacunación realizada recientemente por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se aprueba la inclusión de la vacunación del neumococo (prevenar-13) a los 2-4 y 12 meses de edad. Modificación fundamentada entre otras en las recomendaciones realizadas por el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

Asímismo, ACDESA-PV lamenta  que a pesar de ser una recomendación avalada por la evidencia científica al no estar incluida en el calendario vacunal, hasta fecha, en los últimos años  un porcentaje significativo de población infantil, no ha tenido acceso a dicha vacuna por razones económicas. Consecuentemente la cobertura vacunal ha sido insuficiente impidiendo una adecuada protección, tan importante en el caso de esta y otras vacunas.

 

ACDESA-PV  recuerda que el último informe de Unicef y Cáritas señala  que España ocupa el puesto número 35 de los 41 países de la Unión Europea y OCDE en aumento de pobreza infantil, así como los diversos estudios que concluyen que las desigualdades sociales en salud y el riesgo de pobreza y exclusión social han empeorado con la crisis, siendo la población infantil especialmente afectada. Situación que requiere de medidas urgentes para atender necesidades de alimentación y vivienda pero también de salud excluidas del Sistema Sanitario Público.

 

Finalmente ACDESA-PV por razones de equidad exige a la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana que reconozca el derecho a la vacunación gratuita del neumococo a todos los lactantes nacidos a lo largo del 2014 a los que les falten dosis para completar el calendario vacunal, así como el rescate de los niños no vacunados hasta la fecha debido las dificultades económicas de sus familias.

 

 

 

Valencia, 14 de febrero de 2014

Respecto al proyecto de “Decreto del Consell de la Generalitat por el que se regula la libre elección de médico en el ámbito de la atención primaria y especializada del sistema Valenciano de Salud”, CDESA-PV considera que:

La libre elección de facultativo forma parte de las garantías establecidas por la legislación sanitaria con la finalidad de hacer efectivo y equitativo el derecho a la protección de la salud amparado por la Constitución. La regulación de este derecho corresponde a las Comunidades Autónomas al tener atribuidas las competencias sanitarias.

Para la implantación de tal derecho es necesario garantizar las condiciones materiales adecuadas para que la normativa no quede en papel mojado. La Consellería no acompaña el decreto de mecanismos de información adecuados para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la libre elección de médico de manera efectiva.

La inminente aprobación del decreto sin consenso, con prisas y sin debate previo no parece obedecer a necesidades asistenciales, ni demandas ciudadanas, sino a intereses partidistas por la proximidad de las elecciones autonómicas.

Ya existía un decreto de libre elección que ha resultado poco operativo, que se diferenciaba del actual en que éste último, abre la elección de especialista a otros departamentos, con la clara intención de facilitar la elección de los departamentos donde hay concesiones privadas con mayor capacidad de marketing y publicidad que los centros públicos y con mayor necesidad de pacientes para reflotar un sistema de gestión privado que ha demostrado ser un problema.

En conclusión, consideramos que este decreto obedece básicamente a dos motivos fundamentales, electoralismo del PP vendiendo como nuevo, un derecho que ya existía y dejar puesto en marcha, caso de no gobernar , un mecanismo que facilite la elección de los departamentos de gestión privada, por parte de la población de la Comunidad Valenciana.

Valencia 27 de enero de 2015